En ocasiones, el mejor elogio al buen trabajo es seguir apostando por él. Este acuerdo supone, con una inversión de 225.274€, la constatación del buen funcionamiento de esta vía de colaboración, iniciada en 2017, que apuesta por una mirada más humana de la intervención y acompañamiento durante los procesos judiciales. Al acto asistieron la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de Baleares, Fina Santiago; la directora de la Fundació IRES en Baleares, Aina Capellà; la directora general de los Servicios Sociales, Teresa Vallespir; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Carlos Gómez, uno de los impulsores del servicio en los años 80.
El Servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial es un servicio de atención especializado en el ámbito judicial que atiende a personas denunciantes, encausadas o condenadas. A través de éste, se les ofrece asesoramiento sobre los recursos de la red comunitaria, se lleva a cabo una intervención psicosocial y se ofrece ayuda en cuestiones administrativas o trámites derivados del proceso.
“Es necesaria la implicación y motivación de las personas usuarias”
La esencia y objetivo de este servicio es la prevención de la reincidencia y el abordaje personalizado del acompañamiento, ahondando en las causas, más allá de la comisión del delito. El proceso de atención se inicia analizando el entorno familiar y social de la persona usuaria; después, se deriva a los servicios oportunos para desarrollar un programa específico; y, finalmente, se lleva a cabo un seguimiento para valorar el acompañamiento.
“Se trata de un servicio especializado que atiende situaciones de déficit social, más allá de la mirada pericial y valorativa”
En función de la situación de la persona usuaria se adoptan dos tipos de enfoque:
- Atención directa a personas implicadas en procedimientos judiciales, con independencia de la situación jurídica en la que se encuentren (acusadas, víctimas, denunciantes, demandantes, testimoniales…). Algunas dimensiones requieren un abordaje prioritario, como son las situaciones de violencia contra la mujer, drogodependencia, incapacidad, salud mental o privación de libertad.
- Atención a profesionales para establecer mecanismos de comunicación, contacto e interacción entre los sistemas sociales y judiciales.
Durante el 2019 se han atendido a 1.095 personas y a 221 familias, y se prevén cifras similares en el cierre del año 2020, probablemente con nuevos matices y dinámicas acuciadas por la COVID-19. Pese al bloqueo producido durante la pandemia, el servicio de atención social ha podido mantenerse gracias al excelente trabajo de los equipos profesionales.
