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El trabajo en red junto con el apoyo de las familias, un factor clave en la reinserción

IRES reúne a profesionales del ámbito judicial, social y psicoterapéutico para abordar los nuevos retos sobre drogodependencias y medidas penales alternativas
Fundació IRES
03 octubre de 2019

Más de 40 personas asisten al diálogo sobre drogodependencias en el ámbito penal organizado por la Fundación IRES en Terrassa.

Ayer se puso en marcha el Ciclo de Diálogos para la Acción de la Fundación IRES con el tema Drogodependencia en el ámbito penal como eje central de un encuentro entre profesionales de diversos ámbitos y ciudadanos y ciudadanas, en el centro Cívico Vapor Gran de Terrassa.

El contexto de este ciclo surge en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Fundación IRES que, instituida en el 1969, fue la primera asociación privada sin ánimo de lucro y de ámbito estatal en trabajar la reinserción social. Estos diálogos también quieren ser un espacio de inspiración para el sector social con motivo de la celebración de la 5ª edición del Memorial Manuel Adroer Iglesias, quien fue un presidente muy significado a la fundación y quien instauró la innovación y la calidad como dos principios fundamentales para llevar a cabo una tarea social de calidad y de excelencia a lo largo del tiempo.

Concretamente, el objetivo del acto de Terrassa, al que asistieron alrededor de 40 personas de diferentes ámbitos, ha sido el de compartir e intercambiar visiones sobre los retos que hay que abordar como sociedad ante las drogodependencias y las nuevas adicciones.

Pius Fransoy, ex jefe del Área de Medidas Penales Alternativas a la Dirección General de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil, ha sido la figura moderadora del diálogo y ha querido remarcar que, a pesar de la inestabilidad del terreno político, las instituciones que trabajan para la reinserción siempre han mantenido su capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales emergentes. En este sentido, afirmaba: «Instituciones como IRES, con 50 años de trayectoria desarrollando e innovando con programas sociales de prevención, trabajo familiar y terapéutico, ayudan a avanzar en la Administración Pública».

Para contextualizar esta trayectoria, Carmen Gallardo, como delegada de Medidas Penales Alternativas de IRES, se encargaba de hacer el recorrido histórico de las últimas tres décadas en materia de atención social y reinserción: Años 80, saliendo de una dictadura, y con el surgimiento de múltiples movilizaciones sociales, se registró un alto índice de paro juvenil en toda España. Una época convulsa en la que el consumo de la heroína es consideraba casi una epidemia. A mediados de la década, España se convirtió en el país con el índice más alto de consumidores de heroína del mundo. El ritmo de adicción era frenético y las consecuencias del consumo, devastadoras: 15.910 muertes por reacción aguda tras el consumo y 35.000 personas por VIH. En poco más de una década, Cataluña pasó de 300 a casi 13.000 consumidores de heroína. «Perdimos toda una generación de gente joven«, lamentaba la delegada de MPA.

Ante esta derrota social, cuando todavía no existía red de atención específica, y la red de Salud se negaba a atender a personas con adicciones, surgieron los primeros programas de atención especializados en drogodependencias hasta que en los 90 se crearon los primeros equipos de medidas penales alternativas a la provincia de Barcelona. Han pasado muchos años, se ha mejorado en tiempo de aplicación y ejecución, y la tasa de reincidencia es relativamente baja: 9 de cada 10 personas intervenidas no han reincidido según el último estudio La reincidencia en medidas penales alternativas de 2015 elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación especializada de la Generalitat de Cataluña.

Uno de los factores que dilatan el tiempo de espera es la falta de profesionales en el ámbito de la defensa judicial orientados a las medidas penales alternativas. Patxi Blázquez, abogado de la asociación Alejop y presidente de la comisión de drogas del colegio de la abogacía de Barcelona, ​​reivindicó que en la actualidad se podrían aplicar muchas más suspensiones de penas para aquellas personas que afrontan problemas judiciales relacionados con drogodependencias y adicciones a sustancias. Para llevar a cabo su tarea, desde su asociación trabajan conjuntamente con centros donde hay usuarios y usuarias con este perfil y hacen especial incidencia en que los profesionales de la abogacía formen parte de los equipos de apoyo terapéutico con el objetivo de acompañar en los procesos judiciales y penales.

Cuando hablamos de los equipos de apoyo terapéutico, se hace referencia al trabajo en red con entidades como la Asociación Alba de Terrassa—que trabajan para la prevención y tratamiento terapéutico de las adicciones—que se incorporan junto con otros recursos a los programas de justicia con el objetivo de dar más herramientas y ofrecer más oportunidades a las personas que presentan este tipo de problemáticas. Su representante en el diálogo, la psicóloga Anaïs Corpas, recordaba que el hecho de haber cometido un delito no implica que no tengamos que tomar conciencia de que detrás de una adicción coexisten más de una problemática en la persona.

En estos procesos de intervención, el tiempo en que llega la medida y se aplica a menudo no coincide con el tiempo en que la persona usuaria experimenta una evolución psíquica, un desajuste del que se pueden derivar ciertas dificultades. Profesionales como Corpa entran en la parte del proceso donde se requiere atención psicológica, cuando establecer el vínculo con el usuario o usuaria resulta esencial para su recuperación. «La drogodependencia es considerada una enfermedad y, por tanto, requiere de una respuesta terapéutica», explicaba la psicóloga, y añadía que el beneficio que se proporciona a la persona a través de la intervención, a la larga permite obtener un beneficio para toda la sociedad. Hay que poner de manifiesto este hecho para reducir el estigma y superar los prejuicios sociales que asocian los delitos con una deuda social.

Desde el punto de vista de la intervención con menores y jóvenes, hacía sus aportaciones Toni Cano, psicólogo especialista en la intervención terapéutica individual con jóvenes infractores, y aplicación de programas de intervención grupal con adolescentes. Actualmente trabaja como terapeuta en el equipo de Medio Abierto 4 del Departamento de Justicia, donde se ejecutan medidas judiciales no privativas de libertad en menores y jóvenes en su entorno social y familiar. Al margen de las adicciones tóxicas, incrementa la presencia de las adicciones no tóxicas: las dependencias a los juegos del móvil o videojuegos y juegos de azar. «Tienes que estar al día de cuáles son las nuevas problemáticas que afectan a los jóvenes porque, si no, no puedes comprender la situación», aseguraba Cano. En el último mes, unos 1.600 jóvenes han sido atendidos en el Medio Abierto en Cataluña, del que un 7,3% han sido intervenidos por drogodependencias. El terapeuta afirmaba también que a veces una toxicomanía o adición no es el problema principal y que a menudo se ha de «rascar» y extraer todos los factores de riesgo que afectan los jóvenes, con una especial sensibilidad y atención con casos de adolescentes donde el acompañamiento de la familia en el proceso puede determinar o comprometer la intervención.

Las conclusiones del diálogo compartido, tanto por parte de los asistentes como de los profesionales invitados a intervenir, recogían los beneficios de establecer un punto de encuentro del mundo terapéutico y el mundo judicial en beneficio de un sistema dotado de más recursos para la sociedad. Sin embargo, hay todavía mucho desconocimiento sobre las Medidas Penales Alternativas a la prisión, medidas que se orientan a reducir el riesgo de reincidencia tanto en adultos y jóvenes que han delinquido y que tienen una finalidad educativa e integradora. Y es necesaria, precisamente para aportar un mayor beneficio a la sociedad, la implicación de toda la comunidad y, sobre todo, la familia como principal sostén en los procesos de integración social.