Preservar la vida sin asilo político

Hablar de asilo político es hablar de la vida de muchas personas, éstas no pueden ser objetos que són devueltos.  “Si no hubiera sido porque la vida de mis hijos y la mía estaban amenazadas, jamás habría dejado mi país”: esto es lo que asegura y lamenta Karla, que después de 10 meses de espera como solicitante de asilo político en España, recibió la negativa por parte de las autoridades estatales. Ella y sus hijos pertenecen a ese 95% de personas que se quedan fuera del sistema de protección y refugio.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos expone que toda persona tiene derecho a buscar protección fuera de su país de origen o residencia habitual y disfrutar de ella en caso de huir de un conflicto que ponga en riesgo su vida y de ser perseguida por motivos de etnia, religión, nacionalidad, opinión política, sexo, género o pertenencia a un determinado grupo social. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la actualidad todavía hay 100.000 personas solicitantes de asilo pendientes de dicha resolución. Pero en España sólo se concede el 5% de solicitudes de asilo.

Además de este dato descorazonador, la solicitud tarda meses en tramitarse para después ser denegada en la mayoría de casos. Al llegar aquí, estas personas reciben una acogida por parte de diferentes entidades, pero ésta suele darse en períodos que solamente se extienden de 6 a 12 meses, o, como mucho, 24 meses si es un caso de grave vulnerabilidad, quedándose después, sin lugar a donde ir. Normalmente, durante este tiempo estas entidades te ofrecen una vivienda, ayuda económica y un acompañamiento social. Una oportunidad con fecha de caducidad.

Para personas que viven situaciones como la de Karla, desde la Fundación IRES ofrecemos un acompañamiento emocional, social, psicológico y técnico a la persona, siempre des del vínculo y la horizontalidad. Orientamos hacia servicios sociales, entidades y recursos que pueden ofrecerles otro soporte, sobre todo a nivel legal. Tenemos coordinaciones constantes con otros servicios y realizamos un trabajo en red. Somos una de las pocas entidades que ofrece una atención presencial y continua, es decir, un acompañamiento casi diario para hacer frente a la situación de gravedad que están viviendo. Para las personas solicitantes de asilo, la soledad en el país de acogida puede alimentar la desesperanza y sumar una dificultad añadida a un proceso tan complicado. La construcción de este vínculo con nuestros equipos resulta de vital importancia para muchas de ellas.

Sin embargo, como entidad comprometida con la transformación social esas tasas tan bajas de reconocimiento y protección humanitaria nos preocupan.

A la luz de los datos, el sistema de acogida actual no garantiza el derecho de asilo de estas personas. Es necesario cuestionar un modelo de asilo político que, pese a definirse en su génesis como integrador, no despliega recursos de valoración exhaustiva de estas demandas, condenando a la exclusión al grueso de personas solicitantes.

Karla utiliza un seudónimo para poder prestarnos un relato que revela las costuras de este modelo de asilo, protegiendo así su integridad: ella es madre de tres hijos y natural de Tegucigalpa, capital de Honduras. Actualmente, su familia es atendida por varios proyectos de la Fundación IRES en el distrito de Sant Martí, en Barcelona. Tras la negativa a su solicitud de asilo político, se encuentran en una situación de incertidumbre en la que solo la perspectiva de recibir un permiso de residencia temporal por arraigo (a cumplir los tres años de vivir aquí) les da esperanza. Porque volver no es una opción segura.

“Nunca pasó por mi mente dejar mi país. Mi situación económica era buena, era empresaria y me iba bien. Pero por ese motivo mi familia era perseguida por las maras y pandillas. Nuestra vida corría peligro y por eso tuve que dejarlo todo y venirme a España aunque no conociera a nadie”. Es lo que puede explicar Karla sobre la vida que dejó atrás. Intentó cambiar de residencia varias veces en otras regiones del país, pero su huida no puso fin a la violencia de las pandillas: dos familiares cercanos fueron asesinados e intentaron secuestrar varias veces a sus hijos.

Las maras y pandillas son organizaciones juveniles criminales y representan un problema de seguridad nacional en Honduras: se sirven de la pobreza, la violencia y la vulnerabilidad social para reclutar a nuevos miembros y subsistir como bandas que extorsionan, asesinan y mantienen redes de narcotráfico. Sin embargo, a pesar de vivir bajo esta amenaza, la petición de asilo de Karla y su familia fue denegada y, con ella su derecho al asilo político.

“Yo creo que a nadie le gusta vivir de caridad y siento que no poder ejercer mi derecho de trabajar para seguir adelante me desactiva como ser humano, prefiero que me den herramientas”. Inhabilitada para rehacer su vida de forma autónoma en Barcelona y siendo testigo de otros muchos casos de personas que se encontraban en la misma situación, Karla había perdido toda confianza en el sistema. “Me leí la constitución española para entender cómo funcionaba este país… ¿Dónde está la ayuda humanitaria real?”, se preguntaba, desmoralizada. Hoy siente que el asilo político en Europa es una farsa. “Si no hubiera sido la única opción para mí, nunca hubiera venido”, sentencia.

Al llegar a su nuevo destino, las personas solicitantes de asilo se sienten extremadamente vulnerables. Vienen de experimentar situaciones extremas en el país de origen, segregación, violencia, privadas de recursos básicos para preservar la propia vida. «Sin red, sin vínculos o referencias cercanas en el lugar de acogida, expuestas a la incertidumbre, se dan de bruces contra dos muros: el de la burocracia lenta y desprovista de recursos, y el de la representación deficitaria de abogadas y abogados que son incapaces o no tienen la disposición de prestarles el acompañamiento necesario.” El exceso de trámites burocráticos y la falta de información hace que las personas solicitantes de asilo se sientan frágiles y desprotegidas. Tener que demostrar constantemente tu situación y rememorar episodios que no quieres recordar son dos de las cosas que más terminan debilitando psicológicamente a todas aquellas personas que vienen a nuestro país a buscar asilo.

Ahí comienza el laberinto de la desesperanza y la frustración: necesitan mantener una vivienda, pero nadie les puede hacer un contrato de trabajo. No trabajar supone no cubrir necesidades básicas de subsistencia y un deterioro emocional. Los Servicios Sociales no atienden fácilmente de forma presencial, y tampoco pueden solicitar un abogado/a de oficio sin un NIE. Parece que no hay salida.

Desde el Proyecto Aferra’t de la Fundació IRES trabajamos para dar cobertura a esa necesidad de las personas recién llegadas de aclimatarse y arraigarse en el territorio para establecer nuevos vínculos, siempre respetando los ritmos de cada proceso personal. Lo hacemos de tal manera que la persona o la familia reciba una atención sobre diversas dimensiones de su vida, sin descuidar especialmente la dimensión de la salud mental.

En el caso de la infancia y la juventud, desde nuestro ecosistema de proyectos sociales damos soporte socioeducativo para el pleno desarrollo de los niños y niñas y ofrecemos orientación y acompañamiento a jóvenes para su recorrido personal, formativo y profesional Es una línea de trabajo que Karla ha valorado especialmente: “Con el apoyo de IRES, mis hijos pudieron retomar su educación. Sé que con o sin papeles van a estar conmigo”.

Entramos en contacto con la familia de Karla en el 2020 y su caso representa a muchas personas, mayoritariamente mujeres, que se marchan de su país huyendo de violencia, abusos sexuales, malos tratos físicos y psicológicos. Hablamos de mujeres emocionalmente debilitadas y vulnerabilizadas pero que, a pesar de todo, han reunido las fuerzas necesarias para huir. Y necesitan una respuesta.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la justicia, a los derechos humanos que cada día se vulneran, exigiendo responsabilidades a las instituciones y pidiendo políticas sociales igualitarias y justas.

Hace 10 años el Tribunal de Justicia de la UE condenó al Estado Español por incumplir la ley de asilo, que establecía normas mínimas para el reconocimiento e identificación de personas auténticamente necesitadas de protección internacional. Nos encontramos ante un sistema desfasado que no se ajusta a las problemáticas y necesidades que asolan nuestra sociedad. A personas y familias como la de Karla y sus hijos, no se les permite construir un nuevo hogar, disponer de un espacio seguro para ellas, tener acceso a un empleo y ejercer sus derechos. Se les niega el derecho a una vida digna.

Mujeres como Karla buscan salir adelante y sobreponerse a la adversidad. Necesitan oportunidades y tiempo para echar raíces. El arraigo es su esperanza ante la negativa de las instituciones españolas a reconocer su derecho al asilo político, y volver no es una opción porque el precio del retorno es su vida.